OPINIÓN DE INVITADO: Las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos son la máxima violación de derechos humanos contra los países en desarrollo

Por Jaime Tamayo MÉXICO, 7 sep (Xinhua) — Tras el final de la Guerra Fría, como bien señala Jean Bricmont en su ensayo “Imperialismo humanitario: el uso de los Derechos Humanos para vender la guerra” (2008), los “derechos humanos” han sido instrumentalizados por los poderes militares y económicos, especialmente estadounidense, para someter a otros países, relacionando estas injerencias con la denominada “intervención humanitaria”. Estados Unidos y la Unión Europea, junto con la OTAN, han intervenido en otros países provocando un enorme número de víctimas, pese a justificar dichas intervenciones en el nombre de sus derechos humanos. Los bombardeos de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia, las invasiones de Afganistán e Iraq o las intervenciones atlantistas en Libia y Siria; así como el prolongado bloqueo contra Cuba, la promoción de los golpes de Estado en Honduras, Paraguay y Bolivia, o la desestabilización golpista en Venezuela y Nicaragua dentro de América Latina, son claros ejemplos de estas guerras imperialistas con la falsa bandera de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y sus aliados. El intento de mantener un mundo unipolar bajo la hegemonía estadounidense, impidiendo la constitución de contrapesos internacionales que pudieran conducir a un mundo multipolar más justo y equilibrado, se oculta en la promoción y defensa de los “derechos humanos”. Sin embargo, cuando los derechos humanos son flagrantemente violados por países aliados de Estados Unidos, no solo se renuncia a ejercer presión alguna, legal o ilegal en términos del derecho internacional, sino que Washington y sus cómplices guardan silencio. E, incluso, bloquean cualquier sanción legítima de alcance internacional. Estados Unidos usa de manera recurrente las sanciones que aplica unilateralmente, es decir, sin respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y contrarias al derecho internacional, para castigar a los pueblos cuyos gobiernos no se pliegan a sus designios económicos y políticos. El caso de Cuba es una vieja herencia de la Guerra Fría, ya que para EE. UU. supuso una afrenta del comunismo en su “patio trasero”, un espacio natural de expansión estadounidense por “destino manifiesto” de origen “divino”. La isla caribeña era el faro de rebeldía contra la dominación del imperialismo norteamericano y no podía ser perdonada. Así, apenas poco después de triunfar la Revolución Cubana, que acabó con la dictadura títere de Fulgencio Batista, comenzó la embestida estadounidense contra Cuba. A las presiones diplomáticas se sumaron los numerosos intentos de asesinato del líder cubano, Fidel Castro, así como atentados terroristas, la invasión frustrada en Playa Girón, la exclusión de Cuba del sistema Interamericano, propagación intencionada de enfermedades y un bloqueo comercial, económico y científico que persiste hasta hoy, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo que vive en la isla. Pero las acciones intervencionistas y sanciones de Estados Unidos en América Latina no se limitan a Cuba. La región ha sufrido numerosas agresiones estos últimos años, además de intervenciones militares, golpes de Estado, torturas y desapariciones que promovió EE. UU. durante gran parte del siglo XX. Al igual que ocurrió con Castro en Cuba, también se han denunciado tentativas de magnicidio contra los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, o Evo Morales en Bolivia. Con la excusa de proteger los derechos humanos del pueblo venezolano se han promovido intentos de golpe de Estado, enfrentamientos violentos y guerra económica, buscando desestabilizar al gobierno bolivariano, tanto del anterior presidente Hugo Chávez como de Maduro, convirtiendo en víctimas a los golpistas. Resulta evidente también la utilización por parte del Gobierno estadounidense de una lista que elabora su propio Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo y a partir de la cual, según parece, sanciona o premia al resto de los países del mundo. La lista es francamente grotesca, con aliados de Estados Unidos que vulneran los derechos humanos sin recibir sanción alguna, mientras que los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América son condenados, a pesar de protegerlos legal e institucionalmente. El uso político de los derechos humanos se reproduce también en la lista de los estados que supuestamente “promueven” el terrorismo, donde está Cuba, país que combate a las organizaciones terroristas mientras EE. UU., junto con algunos de sus aliados, son conocidos precisamente por su apoyo y cercanía con grupos terroristas islamistas. Otro gran ejemplo del uso político de los derechos humanos deriva de que quien los vulnera sistemáticamente, con métodos como la tortura, es una dependencia del Gobierno estadounidense que pretende erigirse como su guardián en todo el mundo: la Agencia Central de Inteligencia (CIA, según siglas en inglés). La historia de la CIA está plagada de crímenes, magnicidios y golpes de Estado. El servicio de inteligencia estadounidense, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, empezó ofreciendo protección a prominentes nazis, que luego reclutó con la excusa de su cruzada anticomunista. Luego, durante décadas, el subcontinente latinoamericano sufriría la intervención constante de las agencias de espionaje de EE. UU, particularmente durante las dictaduras militares que practicaron la tortura e hicieron desaparecer físicamente a los opositores, siempre bajo entrenamiento y vigilancia de la CIA. La revolución nicaragüense, durante las últimas dos décadas del siglo pasado, fue una de las víctimas de esta agencia, que mantuvo viva una guerra civil artificial para acabar con el proyecto sandinista y su Gobierno. Todos lo expuesto, en definitiva, solo demuestra que Estados Unidos tiene un triple discurso sobre los derechos humanos. Uno es el que se utiliza para descalificar a aquellos países que optan por la soberanía nacional y una política internacional independiente, los cuales acaban siendo víctimas de sanciones, bloqueos e incluso invasiones. Otro es el que se aplica a los aliados y súbditos de Estados Unidos, que pueden violentar los derechos humanos sin sufrir ninguna consecuencia. Y un tercer discurso tiene relación con la denominada “excepcionalidad” de EE. UU., que se arroga la potestad de violar brutalmente los derechos humanos cuando es necesario. Mediante este último discurso, con el objetivo de garantizar sus intereses económicos, políticos y militares, Washington justifica sanciones unilaterales que no hacen más que vulnerar, de manera inequívoca, los derechos humanos de los pueblos hacia quienes van dirigidas. Fin (El autor es analista internacional y politólogo, además de profesor investigador y jefe del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (DESMOS) de la Universidad de Guadalajara). (Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)