Congreso de Ecuador archiva juicio político contra fiscal general del Estado

QUITO, 10 sep (Xinhua) — El Pleno de la Asamblea Nacional (congreso unicameral) de Ecuador resolvió hoy archivar el juicio político de censura contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto incumplimiento de funciones, informó el órgano legislativo. La Asamblea Nacional indicó en un comunicado que, con 76 votos afirmativos, el Pleno resolvió archivar dos solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal presentadas el 27 noviembre de 2023 y el 13 de mayo de 2024. Las solicitudes fueron planteadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladarez, ambos del Movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017). “La resolución será notificada a las partes interesadas y a la fiscal general del Estado”, precisó la Asamblea Nacional. Añadió que la resolución declaró que el Pleno de la Asamblea Nacional es competente para conocer y resolver las solicitudes de enjuiciamiento político en contra de la fiscal general del Estado. La decisión de este tema quedó en manos del Pleno, después de que la Comisión Legislativa de Fiscalización no calificó el juicio político en una sesión realizada el lunes. A Salazar, quien ocupa el cargo de fiscal general desde 2019, se le acusaba de no haber actuado en torno a procesos relacionados con delitos como blanqueo de dinero o lavado de activos. Asimismo, se le acusaba de supuesta “inacción o actuación sesgada” en varios casos de relevancia pública o política y de una presunta “deficiente gestión administrativa”, señalamientos que han sido rechazados por la funcionaria. Tras el archivo del juicio político, Salazar dijo en un comunicado que la decisión de la mayoría de los asambleístas que votaron para que estos procesos no avancen, refleja un respaldo al trabajo de la Fiscalía General contra la corrupción y la delincuencia organizada. Apuntó que los juicios políticos “nacieron viciados, sin el sustento, que al menos, un proceso de este tipo requiere”, y señaló que los mismos fueron impulsados por un grupo político en particular, que “únicamente busca impunidad”. La fiscal general ha cobrado protagonismo por investigar varios procesos por presunta corrupción contra el Gobierno de Correa. En 2020, el exmandatario ecuatoriano fue condenado por la Justicia local a ocho años de prisión por cohecho, además de que se expusieron actos de corrupción en el sistema judicial y otros sectores que involucran a exfuncionarios, algunos ya en la cárcel. Fin