Tribunal Electoral de Bolivia impulsa ley para garantizar igualdad de género en binomios presidenciales
LA PAZ, 11 oct (Xinhua) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia remitió hoy viernes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) un proyecto de ley que busca garantizar la presencia de mujeres en las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia, así como a cargos ejecutivos departamentales. La iniciativa, promovida por la vocal electoral Nancy Gutiérrez Salas, propone garantizar que las mujeres tengan un lugar obligatorio en los binomios presidenciales, fortaleciendo así su participación en la toma de decisiones a nivel nacional y departamental. El proyecto, que consta de dos artículos, sugiere modificar la Ley 1096 de Organizaciones Políticas para establecer que las listas de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, así como a otros cargos ejecutivos como gobernadores y vicegobernadores, respeten los principios de paridad y alternancia. “En las elecciones de 2020, solo una de las cinco organizaciones políticas cumplió con la paridad de género en los binomios presidenciales”, recordó Gutiérrez a los periodistas, por lo que subrayó la urgencia de esta reforma para evitar que situaciones similares se repitan en futuras elecciones. Según la vocal electoral, la propuesta tiene como objetivo revertir una tendencia histórica en la que las mujeres han sido sistemáticamente subrepresentadas en los cargos de mayor poder político. Si bien Bolivia ha sido pionera en políticas de paridad de género, como la ley de cuotas y la inclusión de estos principios en la Constitución, Gutiérrez enfatizó que aún queda mucho por hacer para asegurar una participación femenina plena y efectiva. “Este es un proceso continuo que debemos cualificar y profundizar”, añadió, destacando el papel de las mujeres en la lucha por la igualdad en la arena política. El proyecto también estipula sanciones claras en caso de incumplimiento: las listas que no respeten la paridad serán rechazadas por el TSE, lo que obligará a las organizaciones políticas a ajustarse a la normativa vigente. Fin