ESPECIAL: Firmantes de la Paz en Colombia piden protección y llaman a la solidaridad mundial ante amenazas de guerrilla

Por Sylvia B. Zárate BOGOTÁ, 27 ene (Xinhua) — En medio de la grave crisis humanitaria que afecta a Colombia debido a las acciones violentas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo (noreste) desde hace más de 12 días, los firmantes de Paz de 2016 han sido un claro objetivo del grupo armado que en una semana ha asesinado a por lo menos siete de ellos y otros 12 permanecen desaparecidos. En entrevista con Xinhua, Carlos Villarraga, firmante del Acuerdo de Paz, hizo un llamado urgente al Gobierno de Colombia para implementar acciones concretas que garanticen la protección de los firmantes y sus familias. En el Catatumbo se han denunciado alrededor de 80 homicidios en la última semana, así como en otras zonas del país. “Los motivos de los ataques son difusos y son confusos (…) Pero en la práctica lo que se ve es un recrudecimiento por parte de las acciones de estructuras del ELN en contra de todo lo que ellos consideran que es FARC o que fueron FARC (extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, explicó. Debido a la inminente persecución a los excombatientes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada en el marco del Acuerdo de Paz, ordenó al Ministerio de Defensa el traslado inmediato de 124 firmantes que están en riesgo de ser asesinados en el Catatumbo. “Se solicita que se diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares y acelerar las investigaciones judiciales para esclarecer estos hechos. Entre el 15 y 22 de enero, seis firmantes fueron asesinados”, advirtió el tribunal. La JEP subrayó que garantizar la vida de los excombatientes es urgente para asegurar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de cientos de víctimas de crímenes cometidos por las extintas FARC. Sin embargo, los intensos combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región, en medio del cual están unos 25.000 civiles confinados, no ha permitido el ingreso de las autoridades a la zona para rescatar a estas personas amenazadas. Villarraga lamentó la muerte de sus compañeros que, como él, se encontraban en un proceso de reincorporación con sus propios proyectos alejados de las armas y subrayó la importancia de recibir la protección especial que el Estado se comprometió a entregarles cuando firmaron el Acuerdo de Paz. “El principal compromiso es el de la defensa de la vida por parte del Estado mediante las instituciones o entidades competentes. El llamado a estas organizaciones es a generar las garantías, no solo para los firmantes, sino para la población de estas regiones que se han visto afectadas por el asedio de estas organizaciones”, dijo. Consideró que la política de Paz Total por la que gran parte de la sociedad colombiana apostó al elegir como presidente a Gustavo Petro en 2022, debe ser replanteada para evitar que más colombianos pierdan la vida y se vean desplazados de sus tierras. “Tristemente se ha perdido otra oportunidad de lograr consolidar un proceso de paz en la región, en Colombia, que es el anhelo de millones y millones de colombianos”, afirmó. El firmante de paz hizo además un llamado especial a la comunidad internacional para que se solidarice con la realidad de los excombatientes de las FARC que aún esperan la implementación de los acuerdos de paz y hoy además ven amenazadas sus vidas. “Especialmente a la misión de la ONU, que se encuentra todavía en el país, para apoyar de cualquier forma, especialmente formas humanitarias para la extracción de la población y proteger allí en el ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) que queda en Tibú, cientos de firmantes se encuentran allí”, indicó. Villarraga dijo que los excombatientes en el Catatumbo y en el resto del país aún no reciben lo que el Estado se comprometió a darles a cambio de la entrega de armas, en parte por las políticas del anterior gobierno y pidió a la Misión de Verificación de la ONU hacer presión para que se cumplan todos los puntos del Acuerdo. “No se reciben los recursos que están en el acuerdo y súmele a esas dificultades ahora tener que salir desplazados pero sin ningún tipo de recursos. Imagínese la situación tan tremenda en la que están los firmantes”, expresó. El excombatiente subrayó que desde la firma del acuerdo de paz de La Habana en 2016 han sido asesinados más de 450 de los 13.000 miembros de la extinta guerrilla de las FARC que entregaron sus armas. “Esto ya marca una tendencia de lo que podría empezar a configurarse en otro genocidio político luego de la firma de un acuerdo de paz”, opinó. Frente al despliegue de las tropas del Ejército en la región del Catatumbo anunciado por el Gobierno colombiano para retomar el control de la zona, el firmante de paz lo consideró riesgoso. “Tratar de acabar la violencia con más violencia, con el ejercicio de la fuerza, puede exacerbar obviamente los odios y exacerbar también la confrontación en esta región”, opinó. Cabe recordar que el Ministerio de Defensa anunció la próxima intervención en la región del Catatumbo con más de 9.352 militares y 795 policías y ofreció 3.000 millones de pesos (unos 716.460 dólares) por quien entregue a los cabecillas del ELN, responsables de los recientes ataques a la población civil. En su último balance, el Ministerio reportó que gracias al trabajo de las Fuerzas Militares en la primera fase de intervención la zona del Catatumbo se han podido evacuar 619 civiles en 46 vuelos y se han entregado 112 guerrilleros de los cuales 20 eran menores de edad. La Defensoría del Pueblo alertó que en las últimas horas han muerto menores de edad reclutados por estos grupos armados, en medio de las confrontaciones entre ELN y disidencias de las FARC por el control del territorio. Debido a la crisis humanitaria en el Catatumbo, un total de 47.084 personas han sido desplazadas de la zona en la última semana y alrededor de 18.000 se encuentran en albergues recibiendo ayuda humanitaria, según el último reporte entregado por el Ministerio de Defensa de Colombia. Fin