Imputan en Colombia crímenes de guerra a 4 generales y 35 oficiales y suboficiales por 442 “falsos positivos”
BOGOTÁ, 19 feb (Xinhua) — La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó hoy miércoles crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales antiguos del Ejército Nacional por 442 “falsos positivos” ocurridos entre 2004 y 2007 en el departamento de Antioquia, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. “Lamentablemente, entre el universo provisional de 442 víctimas de ‘falsos positivos’, se encuentran 26 menores de edad”, dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien aseguró que los hechos se dieron con un patrón criminal contra la población más vulnerable por todo el territorio colombiano. Destacó que la JEP llevó a cabo un exhaustivo proceso de investigación que reveló cómo las víctimas, incluyendo personas con discapacidad física o mental, habitantes de calle, campesinos y desempleados, fueron engañadas y asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate. “Nuestro único norte es la satisfacción de los derechos de las víctimas y seguir desenterrando verdades y responsabilidades que muchos han pretendido ocultar en los cementerios y fosas comunes de Colombia”, sostuvo Ramelli. El presidente de la JEP reconoció el apoyo de la comunidad internacional para el desarrollo del trabajo del tribunal, y aseguró que se seguirá adelante con todos los procesos pendientes que buscan la verdad y la reparación para millones de víctimas de la guerra en Colombia. Por su parte, la magistrada Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, precisó que los imputados por “falsos positivos” son cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales, antiguos miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en Antioquia, departamento donde se reporta la mayoría de las irregularidades. “Los generales retirados del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y jefe de operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de conteo de cuerpos”, expresó. Agregó que dicha política “desató el patrón macro criminal en el que por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en el departamento de Antioquia”. Díaz mencionó que también fueron imputados dos civiles que eran parte de una red criminal para reclutar a víctimas y entregarlas a los oficiales a cambio de dinero. La vicepresidenta lamentó la grave afectación física y mental de los familiares de las víctimas, quienes por años padecieron de amenazas, desplazamientos forzados, estigma e impotencia al ver denigrado el buen nombre y la identidad de sus seres queridos. “El objetivo de la política de facto de conteo de cuerpos era sumar la mayor cantidad posible de bajas en combate, privilegiando el cuerpo del supuesto enemigo caído en combate como el único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimando las capturas como resultados problemáticos que no conducían a la victoria militar”, explicó. Díaz recordó que la JEP ha imputado a “106 máximos responsables” por estos delitos en otras zonas del país, de los cuales 92 han reconocido su responsabilidad. Los imputados tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones y podrán presentar argumentos o evidencia adicional al igual que las víctimas acreditadas. Según cifras oficiales de la JEP, son 6.402 los casos de “falsos positivos” ocurridos entre 2002 y 2008. Fin