México rechaza informe de comité de ONU sobre desapariciones forzadas y defiende avances institucionales

MÉXICO, 2 abr (Xinhua) — El Gobierno de México rechazó hoy jueves un informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que es “tendencioso” y que omite avances institucionales en la atención de este fenómeno en años recientes. En un comunicado conjunto, las secretarías (ministerios) de Relaciones Exteriores y de Gobernación (Interior) señalaron que el documento no toma en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, las cuales, afirmaron, no coinciden con los señalamientos del comité ni con la definición de desaparición forzada del propio organismo. Las dependencias indicaron que el procedimiento de la Convención Internacional está diseñado para contextos en los que las desapariciones forzadas son cometidas de manera sistemática por agentes del Estado, lo cual, sostuvieron, no corresponde a la situación actual de México. El pronunciamiento se produce luego de que el CED solicitara que la situación en México sea elevada a la Asamblea General de la ONU, al considerar que existen indicios de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El Gobierno mexicano argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, y que se circunscribe a casos en cuatro estados, por lo que calificó la decisión como “parcial y sesgada”. “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, subraya el comunicado. El documento destaca medidas adoptadas por el Gobierno mexicano desde 2018 para atender las desapariciones forzadas, entre las que se encuentran la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la coordinación entre autoridades federales y estatales. Fin