BUENOS AIRES, 3 oct (Xinhua) — El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó hoy jueves una ley aprobada el 13 de septiembre pasado por el Congreso, la cual establecía un aumento del presupuesto de las universidades públicas y del salario del personal que trabaja en las casas de estudio. El decreto del Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial desechó la norma aprobada por el Legislativo en septiembre anterior, al considerar que era contraria a la política oficial de “déficit cero”. De acuerdo con la legislación local, el Congreso podría insistir con la validez de la ley, para lo cual debe reunir en una nueva sesión especial el apoyo de los dos tercios de los votos en ambas cámaras (Senado y Diputados). El decreto de Milei indica que el Ejecutivo busca “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo” en el país sudamericano. El texto se publicó un día después de que miles de estudiantes acompañados por docentes, rectores, decanos, personal no docente, sindicatos, organizaciones sociales y políticas se movilizaron en Buenos Aires, así como en los principales centros urbanos del país, en “defensa” de la universidad pública y en rechazo al veto presidencial. El Ejecutivo adujo que la ley “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento”. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma vetada supone una erogación equivalente al 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país sudamericano. Declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y prevé una distribución fija del presupuesto universitario del 85 por ciento para gastos salariales y de un 15 por ciento para gastos generales. Lo anterior, con un mecanismo de actualización bimestral atado a una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor, la variación del tipo de cambio (paridad peso-dólar) y la variación en las tarifas de los servicios públicos. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, dijo hace unas semanas el jefe del Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al anunciar el veto presidencial que se hizo efectivo este jueves. En la manifestación del miércoles en la capital del país, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, leyó un documento en el que advirtió que “la educación es un derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad”. El documento “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia” señala que “la reconducción del presupuesto 2023 para el año 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas. Paritarias discontinuadas, unilaterales y sin voluntad de acuerdo profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario” del personal de las casas de estudio. Según un reporte de la Universidad de Buenos Aires (UBA), esa casa de estudios enfrenta una reducción del 26 por ciento en términos nominales y del 80 por ciento en términos reales de su presupuesto para educación, salud, ciencia, técnica y hospitales universitarios. Fin
