Cinco municipios amazónicos de Bolivia prohíben la minería de oro

Cinco municipios de la Amazonía boliviana aprobaron leyes que prohíben la extracción de oro en sus territorios. Las comunidades buscan proteger ríos y cultivos agrícolas, aunque el gobierno central cuestiona la legalidad de estas medidas, según reportó Mongabay Latam.

Palos Blancos, Alto Beni, San Buenaventura, Rurrenabaque y Caranavi son los cinco municipios bolivianos que declararon sus territorios libres de minería aurífera mediante leyes municipales. De acuerdo con Mongabay Latam, dos de estas localidades lograron que sus normas fueran avaladas por la Cámara de Diputados y ahora esperan una sanción en el Senado para obtener un reconocimiento a nivel nacional.

En Bolivia, los concejos municipales funcionan como el órgano legislativo local, donde se aprueban las leyes que después promulga el alcalde o alcaldesa. Por encima de esta instancia se encuentra el Congreso Nacional, integrado por las cámaras de Diputados y Senadores.

Protección agrícola frente a la extracción

Jesús Chucamani, alcalde de Palos Blancos —ubicado a 237 kilómetros de La Paz—, explicó a Mongabay Latam que la mayoría de los habitantes de su municipio se dedica al cultivo de cacao. Por esa razón, consideraron necesario prohibir la actividad minera, ya que los pobladores sostienen que afectaba la producción agrícola local.

Chucamani señaló que antes de 2017 existían empresas y cooperativas que explotaban oro en el río Alto Beni, un cauce de 187 kilómetros que al unirse con el río Kaka forma el río Beni. Actualmente, indicó el alcalde, solo operan mineros artesanales que no impactan la producción de cacao, cítricos, plátano, yuca y arroz.

El proyecto de ley que declara municipios agroecológicos a Palos Blancos y Alto Beni prohíbe toda práctica minera y la tramitación de autorizaciones para ejecutar operaciones extractivas. Además, establece que tanto el Órgano Ejecutivo como los gobiernos municipales serán responsables de garantizar el cumplimiento de la norma y de proteger la vocación ecoturística y productiva de ambas localidades.

Posturas encontradas sobre la legalidad de la medida

Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, calificó esta legislación como una «conquista política y jurídica» en declaraciones recogidas por Mongabay Latam. La experta destacó que la contaminación minera no reconoce límites municipales ni departamentales, por lo que una actividad aguas arriba puede comprometer ecosistemas y medios de vida a cientos de kilómetros de distancia.

Monasterio enfatizó la necesidad de articular a gobiernos municipales, pueblos indígenas y organizaciones sociales para construir una estrategia común de protección basada en la visión de cuenca hidrográfica. Según la investigadora, esta movilización involucra a productores de cacao y café, comunidades campesinas y padres de familia.

Sin embargo, el gobierno del presidente Rodrigo Paz mantiene una postura contraria a estas iniciativas legislativas. De acuerdo con Mongabay Latam, el ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón, afirmó en conferencia de prensa que autonombrarse municipios libres de actividad minera «no tiene sentido» y es «ilegal», debido a que la minería constituye una competencia que excede el ámbito municipal.